La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó otorgar "arresto domiciliario" o libertad con fiscalización electrónica a Milagro Sala, presa en Jujuy, y el gobierno nacional respondió que comunicará la sugerencia a las autoridades de la provincia.
El organismo internacional dictó una resolución a través de la cual recomienda al gobierno argentino adoptar "medidas alternativas" para la prisión preventiva que la jefa de la organización social Tupac Amaru cumple desde enero de 2016.
La CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), aconsejó otorgarle a Sala "el arresto domiciliario" o bien que la dirigente kirchnerista "pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".
En el dictamen, conocido este viernes. la CIDH recomendó al Estado nacional que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala".
Hace pocas semanas, el ministro de Justicia, Germán Garavano había sugerido que Sala pidiese el arresto domiciliario en virtud de los inconvenientes de salud denunciados por los abogados.
El informe surge luego de la visita que una delegación de la CIDH hizo el 16 de junio a Sala para conocer sus condiciones de detención en el penal de mujeres del barrio jujeño de Alto Comedero, tras reunirse con el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.
La CIDH fundamentó su dictamen en "la excepcionalidad de la prisión preventiva, y el agravamiento de la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la privación de libertad de la beneficiaria, así como los presuntos hostigamientos que habría enfrentado y la necesidad de salvaguardar tales derechos".
Asimismo, solicitó al gobierno argentino que informe dentro del plazo de 15 días "sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información" en forma periódica.
En tanto, el gobierno adelantó que comunicará los detalles del informe de las CIDH sobre las condiciones de detención de Sala a las autoridades judiciales y administrativas de la provincia de Jujuy para "su conocimiento e intervención en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales".
"El gobierno nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia", sostuvo en un comunicado el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Sala está detenida desde enero de 2016 en el penal de Alto Comedero por distintas causas en su contra, entre ellas acusaciones por extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública.
La prisión preventiva de la dirigente social kirchnerista es objetada por la ONU, la OEA y organismos de derechos humanos, que consideran a Sala una "presa política" y sostienen que su detención es "arbitraria".
